Quienes tengan contratos de larga ejecución (por ejemplo, contratos de construcción, de operación, PPAs u otros contratos de suministro, etc.) deberían analizar, más temprano que tarde, los posibles efectos de la crisis COVID-19 en su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Esto es particularmente importante en el caso de aquellos contratos que contienen cláusulas de fuerza mayor, pero en nuestra opinión también lo es en el caso de los contratos que no incluyen esas cláusulas.